Como le hemos dicho antes, poco nos gusta en Ojo Critico traer articulos de otros medios para publicarlos en nuestro espacio, pero igual hemos dicho que si consideramos que lo ameritan, vale la pena darles el campito. Esto ocurre con este articulo de Opinion de el periodico El Mundo, del dia de hoy, miercoles 28 de junio de 2006.
LA GUERRA JURIDICA
por Rodrigo Sanin Posada
La prensa capitalina trae una noticia escalofriante bajo el titular “Militar prefirió suicidarse a ser capturado por muerte de dos jóvenes campesinos en el Chocó”. Se informa del caso de un dragoneante del Ejército llamado Carlos Nicolás Palacios, quien habría manifestado a sus compañeros que era “mejor perder la vida antes que ir a la cárcel”.
La angustia del joven soldado provino de un hecho que lo aterró: la Fiscalía había ordenado su captura y la de otros nueve miembros de su patrulla, porque, presumiblemente, dieron muerte a dos jóvenes y los presentaron como guerrilleros dados de baja en un enfrentamiento, en Quibdo-Chocó. Palacios murió en forma triste: tomó una granada, y la apretó contra su pecho durante varios segundos hasta que estalló destrozándolo y ocasionándole la muerte. Según el Ejército, en su informe oficial, se trataba de guerrilleros que murieron en enfrentamientos en el corregimiento La Florida, de Condoto. Los cuerpos fueron sepultados como N.N pues carecían de identidad. Es ingenuo pensar que los insurrectos no acudan al engaño de vestir a sus miembros como civiles. La realidad es que nadie va a combatir al ejército portando la cédula, el registro civil, el paz y salvo de la Procuraduría, de la Contraloría y de paso el certificado del Das. Pero a la Fiscalía le llegó la información de que los muertos eran unos desaparecidos que presentaron como guerrilleros y acusó a los miembros de la patrulla por homicidio agravado y concierto para delinquir. Esta historia no es aislada y se está multiplicando en las diferentes bases militares como consecuencia de que nuestros soldados y oficiales tienen que enfrentar al enemigo en los montes y los expedientes judiciales en las ciudades. Se recuerda el caso del coronel William Cruz del Ejército, comandante del la brigada móvil 5 en Arauca, quien también decidió quitarse la vida. Era un brillante oficial, destacado por sus estudios, respeto por los derechos humanos y logros durante su vida militar. Aun no se sabe si su aparente suicidio tuvo vinculación con los cuestionamientos y denuncias por desapariciones en el área de su jurisdicción. Nada desmoraliza tanto como la injusticia y nada arremete tanto contra el hombre de armas como la mengua de su honor. Es difícil ganar una guerra y tanto más si es irregular, de las características que tiene el conflicto colombiano, en el cual se está acudiendo a todas las estratagemas, incluida la de armar expedientes en los estrados judiciales valiéndose, en repetidas ocasiones del apoyo de conocidas ONG que se ponen al servicio de estos intereses y creen en esas causas. Si el expediente no lo pueden armar en el país, acuden al mecanismo de hacer denuncias ante organismos multilaterales de derechos humanos. Esta es la forma más expedita y fácil de desprestigiar a la fuerza pública y, de paso, causarle bajas sin tener que empeñarse en combates directos. Más generales han sido llamados a calificar servicios por investigaciones de esta naturaleza que por combates desafortunados. Se le conoce a todo esto como la guerra jurídica consistente en provocar la apertura de investigaciones contra los integrantes de las fuerzas del orden, haciendo que los guerrilleros aparezcan como civiles objeto de violación de derechos humanos. Una investigación en curso es una forma de colocarlos en la picota pública, detener sus ascensos, apocarlos , amedrentarlos, en suma, hasta que las cosas se aclaren, si es que logran dilucidarse en ese maremagnum de expedientes engorrosos , tramites dilatados y testigos deleznables y muchas veces contradictorios. La otra forma de colocar en entredicho la moral de las tropas, es sustraer el conocimiento de los supuestos delitos, cometidos en desarrollo de operaciones de combate, de la justicia penal militar, fuero especialísimo creado no como privilegio, sino como garantía de que los uniformados serán juzgados por su pares, sus compañeros de armas, conforme a norma preexistente, con todo el rigor, de manera breve y sumaria, bajo una normatividad y un procedimiento aplicable exclusivamente a los militares en servicio activo que “ cometan hecho punible militar o común relacionado con el mismo servicio”. El país no puede prestarse a la guerra jurídica emprendida sin pausa contra las fuerzas armadas del estado colombiano. Es imprescindible que estas no cometan desafueros, ni violen los derechos humanos, ni comprometan a la población civil en los combates que deban realizar en cumplimiento de su misión institucional, pero así mismo no será posible ganarle el pulso a la insurgencia mientras no se brinde seguridad jurídica a las tropas y a quienes las comandan de que no serán injustamente sumariados por actos relacionados con las acciones militares.
La angustia del joven soldado provino de un hecho que lo aterró: la Fiscalía había ordenado su captura y la de otros nueve miembros de su patrulla, porque, presumiblemente, dieron muerte a dos jóvenes y los presentaron como guerrilleros dados de baja en un enfrentamiento, en Quibdo-Chocó. Palacios murió en forma triste: tomó una granada, y la apretó contra su pecho durante varios segundos hasta que estalló destrozándolo y ocasionándole la muerte. Según el Ejército, en su informe oficial, se trataba de guerrilleros que murieron en enfrentamientos en el corregimiento La Florida, de Condoto. Los cuerpos fueron sepultados como N.N pues carecían de identidad. Es ingenuo pensar que los insurrectos no acudan al engaño de vestir a sus miembros como civiles. La realidad es que nadie va a combatir al ejército portando la cédula, el registro civil, el paz y salvo de la Procuraduría, de la Contraloría y de paso el certificado del Das. Pero a la Fiscalía le llegó la información de que los muertos eran unos desaparecidos que presentaron como guerrilleros y acusó a los miembros de la patrulla por homicidio agravado y concierto para delinquir. Esta historia no es aislada y se está multiplicando en las diferentes bases militares como consecuencia de que nuestros soldados y oficiales tienen que enfrentar al enemigo en los montes y los expedientes judiciales en las ciudades. Se recuerda el caso del coronel William Cruz del Ejército, comandante del la brigada móvil 5 en Arauca, quien también decidió quitarse la vida. Era un brillante oficial, destacado por sus estudios, respeto por los derechos humanos y logros durante su vida militar. Aun no se sabe si su aparente suicidio tuvo vinculación con los cuestionamientos y denuncias por desapariciones en el área de su jurisdicción. Nada desmoraliza tanto como la injusticia y nada arremete tanto contra el hombre de armas como la mengua de su honor. Es difícil ganar una guerra y tanto más si es irregular, de las características que tiene el conflicto colombiano, en el cual se está acudiendo a todas las estratagemas, incluida la de armar expedientes en los estrados judiciales valiéndose, en repetidas ocasiones del apoyo de conocidas ONG que se ponen al servicio de estos intereses y creen en esas causas. Si el expediente no lo pueden armar en el país, acuden al mecanismo de hacer denuncias ante organismos multilaterales de derechos humanos. Esta es la forma más expedita y fácil de desprestigiar a la fuerza pública y, de paso, causarle bajas sin tener que empeñarse en combates directos. Más generales han sido llamados a calificar servicios por investigaciones de esta naturaleza que por combates desafortunados. Se le conoce a todo esto como la guerra jurídica consistente en provocar la apertura de investigaciones contra los integrantes de las fuerzas del orden, haciendo que los guerrilleros aparezcan como civiles objeto de violación de derechos humanos. Una investigación en curso es una forma de colocarlos en la picota pública, detener sus ascensos, apocarlos , amedrentarlos, en suma, hasta que las cosas se aclaren, si es que logran dilucidarse en ese maremagnum de expedientes engorrosos , tramites dilatados y testigos deleznables y muchas veces contradictorios. La otra forma de colocar en entredicho la moral de las tropas, es sustraer el conocimiento de los supuestos delitos, cometidos en desarrollo de operaciones de combate, de la justicia penal militar, fuero especialísimo creado no como privilegio, sino como garantía de que los uniformados serán juzgados por su pares, sus compañeros de armas, conforme a norma preexistente, con todo el rigor, de manera breve y sumaria, bajo una normatividad y un procedimiento aplicable exclusivamente a los militares en servicio activo que “ cometan hecho punible militar o común relacionado con el mismo servicio”. El país no puede prestarse a la guerra jurídica emprendida sin pausa contra las fuerzas armadas del estado colombiano. Es imprescindible que estas no cometan desafueros, ni violen los derechos humanos, ni comprometan a la población civil en los combates que deban realizar en cumplimiento de su misión institucional, pero así mismo no será posible ganarle el pulso a la insurgencia mientras no se brinde seguridad jurídica a las tropas y a quienes las comandan de que no serán injustamente sumariados por actos relacionados con las acciones militares.
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